Gobierno tilda de política la movilización de sectores que piden la anulación de la disposición de decomisos
Varios sectores sociales y empresariales piden la anulación de la disposición séptima que establece el decomiso de productos y alimentos.
Ante la convocatoria de un paro nacional previsto para el 10 de febrero por diversos sectores que exigen la anulación de la disposición séptima relacionada con el decomiso de productos, incluidos en el Presupuesto General del Estado (PGE), el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que este movimiento busca “desestabilizar la economía del país”.
Silva señaló que la situación se ha tornados en un movimiento político y cuestionó la relación entre el Comité Cívico de Santa Cruz y la disposición mencionada. Aseguró que la movilización tiene un objetivo político, destinado a afectar al Gobierno y generar una reacción negativa por parte de la ciudadanía.
El funcionario aclaró que los grupos sociales y empresariales que se oponen a la norma buscan favorecer a los importadores que ingresan sus productos de manera ilegal. “Indirectamente están beneficiando a los contrabandistas que seguramente están batiendo palmas para que se derogue esta normativa”, manifestó Silva. Además, reiteró que el Gobierno está abierto a dialogar con aquellos que critican la norma.
“A los empresarios les decimos que vengan al diálogo, que traigan los argumentos técnicos y legales que tienen para sustentar su posición que han asumido para contrastar ideas y buscar soluciones. La disposición séptima nunca fue concebida para afectar al sector gremial o productivo”, enfatizó la autoridad en una rueda de prensa.
El encuentro multisectorial del pasado miércoles reafirmó la realización del paro nacional el 10 de febrero, en oposición a la disposición sobre el decomiso de productos y alimentos.
