CC sobre contratos de litio: “Es un pésimo negocio porque entrega recursos estratégicos en condiciones abusivas”
Después de que la Comisión de Economía Plural suspendiera el análisis de uno de los contratos, el diputado Guillermo Benavidez advirtió que se quiere entregar un recurso estratégico en condiciones abusivas
El diputado potosino Guillermo Benavidez, integrante de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), afirmó este jueves que el reciente rechazo de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados al análisis de uno de los contratos es un mal negocio para Bolivia y perjudicial para el salar de Uyuni. El legislador destacó que existen irregularidades que afectan tanto el ámbito económico como el legal y ambiental, señalando que se busca entregar un recurso estratégico a empresas extranjeras bajo condiciones abusivas y sin la debida transparencia.
En términos legales, Benavidez comentó que el contrato que se iba a discutir este miércoles, relacionado con la empresa Hong Kong CBC Investment Limited, es inconstitucional. Esto se debe a que infringe lo establecido en el parágrafo 3 de la Ley 928 de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), norma que estipula que la estatal debe llevar a cabo los procesos de química básica de los recursos evaporíticos “con una participación 100% estatal para la producción y comercialización”. Según el parlamentario, el contrato contradice esta normativa al ceder toda la cadena a la empresa china, además de que YLB contempla la devolución de impuestos y tasas que pague la firma china.
Desde el punto de vista económico, CC advierte que la empresa china debería recibir más de 1.000 millones de dólares por su inversión, con un interés del 12% y un ajuste mensual de 2,5% por inflación. Benavidez destacó que la empresa china será la encargada de operar la planta durante 36 años, produciendo un producto que será enviado a China. Al finalizar este periodo, la empresa dejará la planta en condiciones deficientes y no existe un plan de transferencia de tecnología.
En cuanto a las implicaciones ambientales, el diputado subrayó que no hay cláusulas que estipulen quién será responsable de las miles de toneladas de desechos que podrían quedar en el salar de Uyuni. Si la empresa no asume esta responsabilidad, recaerá en el Estado. Además, recordó que no existe una norma que regule el destino de las aguas contaminadas ni estudios hidrogeológicos que evalúen la cantidad de agua que se puede extraer sin afectar a las comunidades que dependen de esta fuente de agua dulce. Por estos motivos, CC considera inapropiado aprobar el proyecto de ley en cuestión.
