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“No es por falta de voluntad política”: Gobierno ratifica que no puede derogar disposición de decomisos del PGE

“No es por falta de voluntad política”: Gobierno ratifica que no puede derogar disposición de decomisos del PGE

Ante el paro movilizado que los actores de la cadena productiva enfilan para este lunes, el viceministro Jorge Silva señaló que no se puede derogar una normativa con rango de ley

Los actores de la cadena productiva han anunciado un paro movilizado para este lunes en respuesta a la disposición adicional séptima de la Ley Financial. En este contexto, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, afirmó que el Gobierno no tiene la capacidad de derogar dicho apartado, aclarando que no se trata de una cuestión de voluntad política.

Silva argumentó que la disposición séptima no fue diseñada para controlar o fiscalizar a los industriales o al comercio minorista, ya que existe normativa vigente para esos fines.

Distintos sectores han convocado movilizaciones en contra de esta disposición, advirtiendo que incluye posibles decomisos y confiscaciones si las autoridades estatales consideran que el precio de un producto es elevado, lo que a su juicio afecta la seguridad jurídica del sector privado.

El viceministro añadió que esta normativa se estableció con el objetivo de combatir el contrabando a la inversa, y expresó su sorpresa ante la reacción de diversos sectores que parecen estar defendiendo a los contrabandistas o persiguiendo intereses políticos, en lugar de proteger la economía del pueblo boliviano.

Silva resaltó la necesidad de contar con normas para combatir el contrabando a la inversa, ya que actualmente existen vacíos jurídicos. Con la disposición séptima se busca establecer un procedimiento claro que defina el rol de las instituciones del Estado y el proceso de control y fiscalización necesario para abordar este delito, así como el destino de los productos decomisados.

El viceministro enfatizó la falta de normativas que indiquen el manejo de productos decomisados, sugiriendo que es fundamental construir regulaciones que permitan un mejor control y fiscalización de aquellos actores comerciales que acumulan y almacenan productos con el fin de contrabandearlos hacia el exterior.

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