Ministro sugiere analizar en mesas de diálogo la derogación de la disposición de decomisos del PGE
“Hay que sentarse, hay que hablar sobre la posibilidad”, señaló el ministro de Economía. Para este lunes está convocado un paro multisectorial en rechazo a este apartado del PGE 2025
A pocas horas de llevarse a cabo el paro multisectorial programado para este lunes en protesta por la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, expresó su disposición a discutir una posible derogación en un espacio de diálogo. Ámbito en el que se encuentran el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Desarrollo Rural, quienes podrían analizar estas opciones. La autoridad subrayó que es importante sentarse a dialogar para evaluar la viabilidad de esta medida.
Por otro lado, las organizaciones movilizadas, que incluyen a productores agrícolas, transportistas, gremios, exportadores, industriales, trabajadores autónomos y cívicos, han manifestado que sólo se sentarán a dialogar si se deroga esta disposición adicional. Esta normativa fue incorporada en la Ley del PGE, que entró en vigor el 1 de enero sin ser sometida al análisis de la Asamblea Legislativa, y permite a las autoridades competentes confiscar o decomisar productos de comercialización de alimentos si se considera que tienen un precio excesivo.
Los sectores en protesta advierten que esta normativa afecta la seguridad jurídica del sector privado, mientras que el Gobierno argumenta que se trata de una medida para combatir el contrabando a la inversa. Por su parte, el ministro Montenegro criticó la convocatoria al paro, reconociendo que entre las instituciones que apoyan la protesta se había propuesto la creación de una ley antibloqueos, lo cual considera una contradicción.
En declaraciones anteriores, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, indicó que el Gobierno no tiene la capacidad de derogar esta disposición, ya que no se trata de una cuestión de voluntad política, sino de que es imposible anular una normativa de rango legal desde el Ejecutivo.
Aunque existe un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca derogar esta disposición, todavía no ha sido incluido en la agenda legislativa.
