Cívicos cruceños: “La situación económica no acepta o no permite un incremento en el pasaje”
El presidente del Comité pro Santa Cruz se refirió al tema tras una reunión del Movimiento Cívico Nacional, en donde se abordaron temas que también fueron contemplados en la Asamblea de la Cruceñidad
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, señaló este jueves que los entes que tienen competencia específica de regular el costo del pasaje del transporte público son el Gobierno departamental (en el caso interprovincial) y la Alcaldía cruceña (en el caso del transporte urbano)
“Entiendo que existen mecanismos de sanción a quienes incumplan el precio establecido por estos entes (…) Lo que sí es bueno dejar claro de que hoy en día la situación económica no acepta o no permite un incremento en el pasaje”, sostuvo el dirigente cívico en conferencia de prensa.
El transporte urbano cruceño anunció que a partir de este sábado 21 de septiembre la tarifa del pasaje subirá de Bs 2 a Bs 3, lo que generó el rechazo de diferentes sectores y que llevó al alcalde Jhonny Fernández a perfilar una mesa técnica multisectorial para abordar el tema.
“Debemos esperar que el alcalde dé la voz final, que es quien le corresponde darla”, sostuvo Larach al resaltar que se deben haber estudios adecuados y consensuados que tienen que salir a partir del diálogo. “A partir de lo que salga de esa mesa, podremos intervenir o no, según sea necesario”, agregó Larach.
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Reunión del Movimiento Cívico Nacional
Asimismo, los Comités Cívicos de Bolivia se reunieron en Santa Cruz para analizar temas como el pacto fiscal, el Censo, el proyecto de ley del litio y los incendios forestales, emitiendo una declaración conjunta al concluir el encuentro.
Es así que determinaron rechazar los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado el 23 de marzo de 2024 y denunciaron que han disminuido cientos de miles de habitantes al pueblo boliviano.
También solicitaron impulsar en todo el país un proyecto de Pacto Fiscal que genere una nueva estructura de distribución de los recursos públicos, que hoy acapara el centralismo en perjuicio de los departamentos, municipios y universidades.
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