Bolivia debate una ley para prohibir matrimonios y uniones libres de menores de 18 años
El proyecto de la senadora Virginia Velasco plantea que “el matrimonio o la unión libre entre personas menores a la edad requerida es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia”
Una nueva normativa está siendo discutida en el Parlamento de Bolivia con el objetivo de prohibir los matrimonios y uniones libres entre menores de 18 años y adultos, como parte de un esfuerzo por proteger a niños y adolescentes de este tipo de prácticas que aún persisten en el país y que los expone a riesgos como abusos sexuales, embarazos no deseados y trata de personas.
La norma ha sido propuesta por la senadora Virginia Velasco, del Movimiento al Socialismo (MAS), y busca modificar el Código de las Familias y del Proceso Familiar, conocido como Ley 603, que actualmente permite matrimonios a partir de los 16 años con el consentimiento de los padres o tutores legales.
Velasco ha señalado que su proyecto se fundamenta en las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), instando a Bolivia a elevar la edad mínima para el matrimonio sin excepciones. Además, mencionó que Naciones Unidas clasifica el matrimonio infantil como una violación de los derechos humanos, advirtiendo que contraer matrimonio a una edad temprana incrementa los riesgos de violencia, abuso, embarazos forzados y deserción escolar, perpetuando así un ciclo de pobreza y desigualdad.
La senadora destacó que es crucial la aprobación de este proyecto de ley, ya que muchas familias deciden casar a sus hijos debido a la pobreza, pensando que esta decisión podría mejorar su calidad de vida. Sin embargo, se observa que a menudo las adolescentes y las niñas sufren violencia y feminicidios.
El proyecto de Velasco estipula que el matrimonio o la unión libre entre personas menores de la edad legal es nulo de pleno derecho y no puede ser validado bajo ninguna circunstancia.
El proyecto fue aprobado por la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado, aunque se ha encontrado con resistencia en el pleno de la Cámara Alta, donde algunos legisladores han hecho declaraciones polémicas en su contra.
Los opositores al proyecto han argumentado que algunas familias casan a sus hijas menores con hombres de mayor edad debido a la pobreza, sosteniendo que el matrimonio entre adolescentes representa una supuesta conquista social. Asimismo, una legisladora hizo referencia a su propia experiencia casándose en la adolescencia y afirmando que le había ido “bien”.
Un informe publicado en 2024 por la Defensoría del Pueblo indica que desde 2014, el Estado boliviano ha registrado 487 matrimonios de niñas entre 12 y 15 años, así como 4,804 enlaces de adolescentes de 16 a 17 años, todos con el consentimiento de los padres.
La Defensoría ha clasificado estos casos como matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF), haciendo referencia a estándares y recomendaciones internacionales.
Alejandra Franco, especialista en derechos sexuales y reproductivos de la Coordinadora de la Mujer, ha indicado que esta situación representa una problemática multicausal que afecta los derechos fundamentales de niñas y adolescentes en Bolivia, especialmente en zonas rurales. Existen condiciones estructurales de desigualdad de género que han normalizado prácticas nocivas, donde se observa que persiste un sentido de “propiedad sobre los cuerpos y las vidas” de estas jóvenes.
Franco añadió que son muy escasos los casos en que hombres menores de edad son víctimas de MATRIF, debido a que se considera que tienen mayor valor, mientras que las niñas son vistas simplemente como una carga o moneda de cambio. Este intercambio que justifican las familias bajo la premisa de la pobreza tiene un alto costo que representa las vidas de estas niñas y adolescentes.
La especialista también subrayó la importancia de no solo avanzar con la normativa, sino también de trabajar en cambiar las concepciones patriarcales y machistas que menosprecian la vida de niñas y adolescentes.
Frente a la posibilidad de un rechazo inminente en el Senado, Velasco ha propuesto aplazar el tratamiento de la norma e impulsará desde esta semana el trabajo en mesas técnicas para explicar a sus colegas los alcances de la ley, buscando asegurar su aprobación.
