Órgano Judicial recibirá transferencia de Bs 10,8 millones para atender emergencia presupuestaria
Según el reporte del TSJ, los recursos se enfocarán en priorizar la contratación de personal eventual que mitigará las necesidades por las que atraviesa esta institución de justicia
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha comunicado que, ante la emergencia presupuestaria declarada por las tres entidades que integran el Órgano Judicial – Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental – se consiguió una transferencia del Estado que suma Bs 10,8 millones.
De acuerdo con el informe difundido este martes, esta decisión se tomó tras múltiples reuniones de coordinación entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía.
Los fondos transferidos se destinarán principalmente a la contratación de personal eventual, con la finalidad de atender las necesidades urgentes de la institución de justicia, asegurando así una atención eficaz y eficiente a la sociedad boliviana.
En el comunicado del TSE, se resaltó que el personal eventual será asignado para las atenciones en ventanillas, que representan el primer punto de contacto con los ciudadanos, garantizando así el acceso a la justicia como un derecho fundamental para todos los bolivianos.
Recientemente, las altas autoridades del Órgano Judicial destacaron que la decisión de declarar la emergencia presupuestaria fue adoptada de manera unánime por las tres instituciones implicadas.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, enfatizó que el Órgano Judicial enfrenta una carencia de recursos, con un déficit de Bs 140 millones respecto a lo requerido para su operación.
”No podemos hablar de reforma normativa si no tenemos un presupuesto que nos garantice, por lo menos, el funcionamiento del Órgano Judicial”, expresó Saucedo. “Sería irresponsable hablar de reformas sin los recursos adecuados”, agregó.
En esa misma ocasión, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, subrayó la necesidad de un presupuesto mínimo del 3%, tal como se establece en la norma, y no de asignaciones anuales que comprometan la independencia judicial.
