Marcha Indígena llega a San Ignacio de Velasco e instala una vigilia en la plaza principal a la espera de atención de las autoridades
La primera Marcha Indígena por la Vida y el Territorio se extendió por 10 días exigiendo a las autoridades el desalojo de asentamientos ilegales y la protección del territorio ancestral del Alto y Bajo Paraguá
La Marcha Indígena por la Vida y el Territorio, promovida por los pueblos de tierras bajas, llegó a la plaza principal del municipio cruceño de San Ignacio de Velasco al final de la tarde de este miércoles. Allí, fue recibida por los vecinos que apoyaron la movilización, que no concluyó, sino que se comprometió a mantener una vigilia permanente, de acuerdo con las decisiones tomadas en el cabildo realizado en la plaza principal.
Durante 10 días de caminata, los movilizados solicitaron el respeto por la tierra y el territorio indígena del Alto y Bajo Paraguá, advirtiendo que este está siendo devastado por incendios forestales y la ocupación ilegal de tierras.
Los comunarios de tierras bajas presentaron un pliego de solicitudes al Estado, exigiendo el desalojo de asentamientos ilegales y la derogación de normativas que “facilitan” los incendios forestales, así como un inventario y evaluación posterior a los incendios, y la construcción de pozos.
Asimismo, se solicita la protección y conservación de los recursos hídricos y la salvaguarda del territorio ancestral del Alto y Bajo Paraguá. Este documento será entregado a las autoridades de San Ignacio de Velasco el jueves, y se espera el cumplimiento de las demandas en la plaza principal del municipio.
En otro ámbito, la diputada María René Álvarez envió una comunicación a la Defensoría del Pueblo para que se aplique la tutela concedida en una acción popular destinada a proteger los derechos de los pueblos indígenas, como apoyo a esta manifestación.
“Solicito que en el ejercicio de sus funciones, el defensor del Pueblo apoye activamente a estos pueblos indígenas y aplique sus buenos oficios para evitar más vulneraciones a los derechos de las comunidades de tierras bajas, que se ven despojadas de sus territorios y medios de subsistencia debido a las acciones irresponsables de terceros, así como la falta de control estatal efectivo”, señala la nota dirigida a Pedro Callisaya.
El 1 de octubre, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó conceder la tutela planteada por el defensor del Pueblo en la Acción Popular por los incendios forestales.
“De esta manera, la justicia dispone el resguardo y restitución de los derechos de la Madre Tierra, biodiversidad y de los pueblos indígenas”, cita la institución.
