Camacho y Pumari volverán este martes a un tribunal de La Paz por el juicio por la crisis de 2019
En la anterior audiencia, el juez dio un plazo de 24 horas al Ministerio Público para que subsane las observaciones a la acusación formal
Reinstalación del Juicio Ordinario contra Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari
Este martes se llevará a cabo la reinstalación del juicio ordinario contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico potosino, Marco Antonio Pumari, en relación con la crisis política de 2019. Las autoridades de Régimen Penitenciario confirmaron que ya han recibido la notificación para trasladar a los acusados al salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
“Ya nos llegó la orden para el traslado de los privados de libertad. Es un tema que está manejando la seguridad penitenciaria y tenemos que cumplir los protocolos correspondientes”, informó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, indicando también que la audiencia está programada para las 08:45.
Camacho y Pumari asistirán a la audiencia después de que el juez sexto del tribunal de sentencia, Marco Vargas, solicitara al Ministerio Público que subsane las observaciones realizadas a la acusación formal contra ambos acusados.
Posteriormente, el subprocurador del Estado, Ricardo Condori, destacó que no se ha anulado la acusación y mencionó que la autoridad judicial identificó fallas en la acusación presentada por la Fiscalía, la cual dispuso de un plazo de 24 horas para corregir dichas observaciones.
“El tribunal ha considerado las fundamentaciones expuestas y en parte ha considerado que deben subsanar ciertas observaciones, nótese aquí, de solamente forma, no de fondo”, agregó Condori al finalizar la audiencia que tuvo lugar el pasado jueves.
El caso conocido como ‘Golpe de Estado I’ fue activado tras la denuncia de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, a finales de 2020. Se investigó la posible comisión de delitos como terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros, en el contexto de las movilizaciones ciudadanas que ocurrieron entre octubre y noviembre de 2019, al surgir indicios de fraude electoral.