Viviendas construidas por el Estado lucen “abandonadas” y hay “un daño millonario”
Al menos 88 departamentos están sin habitar y cada departamento tiene un valor de 35.0000 dólares. Los vecinos piden a las autoridades responder por esta obra estatal que está “abandonada”
Un conjunto habitacional se encuentra en un estado de “abandono” y presenta un deterioro notable, con maleza cubriendo la zona, según la denuncia de los vecinos. Estos habitantes mostraron las condiciones deplorables en las que se hallan los condominios, construidos por la Agencia Estatal de Vivienda, que pertenece al Ministerio de Obras Públicas, en el kilómetro 13 de la carretera Santa Cruz de la Sierra – Cotoca.
Este complejo consta de 18 bloques destinados a albergar a 144 familias; sin embargo, 11 de estos bloques están desocupados. De acuerdo con los vecinos, hay 88 departamentos sin habitar, cada uno con un valor de 35.000 dólares.
El diputado de Comunidad Ciudadana, Aldo Terrazas, mencionó que el Gobierno nacional llevó a cabo la construcción de al menos 2.000 viviendas en Santa Cruz, de las cuales 1.700 están deshabitadas. Asimismo, en La Paz, hay 374 viviendas vacías y en Cochabamba se registran 814 viviendas que no han sido entregadas.
Terrazas añadió que, aunque el Gobierno ha construido viviendas en el eje troncal, aproximadamente 3.700 de estas aún no han sido entregadas. El costo del daño a nivel de Santa Cruz se estima en alrededor de 600 millones de bolivianos, mientras que a nivel nacional supera los 1.200 millones de bolivianos.
El viernes 1 de noviembre, técnicos de la Agencia Estatal de Viviendas realizaron una inspección a los inmuebles deshabitados y señalaron que “hay que aclarar de que las viviendas no están abandonadas hace un año, están abandonadas hace más de cinco años. Vale decir que estos proyectos se han ejecutado a partir de la gestión 2017 hasta la gestión 2020”.
Al ser consultado sobre quién asumirá las pérdidas, Freddy Choquetarqui, director departamental de la Agencia Estatal de Viviendas, afirmó que la responsabilidad recae en la empresa constructora “porque no concluyó con el cumplimiento de contrato” con el Estado.
