Tras levantar bloqueos, dirigentes evistas condicionan diálogo con el Gobierno y piden que se paralicen procesos
El dirigente de interculturales David Veizaga advirtió con “sorprender al país” instalando bloqueos sin anunciar la fecha ni hora exacta si es que el Gobierno no cesa los procesos judiciales contra dirigentes y piden el repliegue de los uniformados
Los líderes de las organizaciones evistas han amenazado con implementar medidas de presión aún más severas tras 24 días de bloqueos que han asfixiado a Cochabamba, a menos que el Gobierno inicie las mesas de diálogo. Dichas conversaciones están condicionadas a la liberación de los detenidos durante los desbloqueos en Parotani, en la ruta que conecta Cochabamba con el occidente del país.
David Veizaga, dirigente de los interculturales, dejó en claro que los procesos judiciales en contra de Ponciano Santos, Juan Enrique Mamani y Humberto Claros deben detenerse, de lo contrario, anticipó que en 72 horas se podría desencadenar una rebelión indígena en Bolivia.
Veizaga también indicó que durante la madrugada del miércoles se decidió entrar en un cuarto intermedio, con el fin de discutir el pliego petitorio presentado el 16 de octubre y el que se hizo en septiembre de 2023. Expresó que es fundamental que cese la «persecución policial política» y la «dictadura militar y policial» en el país.
Al ser cuestionado sobre la situación del Gobierno de Luis Arce, Veizaga criticó a los medios de comunicación y señaló que otros sectores también se ven afectados cuando se movilizan. Denunció que si no se detienen los procesos judiciales contra los dirigentes y si continúan los uniformados en las vías, reanudarán las movilizaciones, pero esta vez de manera sorpresiva, sin previamente comunicar los detalles.
Vicente Choque, ejecutivo de la Federación Única Centrales Unidas, declaró que la reanudación del diálogo depende de la liberación de quienes fueron arrestados durante los desbloqueos. Afirmó que “para reinstalar el diálogo, vamos a pedir la liberación de nuestros hermanos”, añadiendo que el plazo de 72 horas es para asegurar su liberación.
Las medidas de presión que mencionan los dirigentes están basadas en las costumbres y usos de los pueblos indígenas y campesinos, enfatizando su determinación de luchar por sus derechos.