CIDH alerta creciente conflictividad en Bolivia y llama a priorizar el diálogo, advirtiendo impacto en derechos humanos
“El Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos en el contexto de protestas, y fortalecer los espacios democráticos para la resolución de las controversias a través del diálogo”, instó el organismo internacional
Recientemente, Bolivia ha enfrentado un aumento en los conflictos sociales y políticos, caracterizados por bloqueos en las vías del país. Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado que el clima de tensión afecta los derechos humanos y la gobernabilidad, como consecuencia de los enfrentamientos sociales en el país.
El organismo internacional destacó que «El Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos en el contexto de protestas, y fortalecer los espacios democráticos para la resolución de las controversias a través del diálogo”. Esta declaración se realizó en un comunicado publicado el viernes.
En su evaluación, la CIDH analizó los eventos recientes, incluyendo la marcha hacia La Paz en septiembre, un bloqueo que duró 24 días, un presunto atentado contra Evo Morales, y la afectación a la producción y a la ciudadanía debido a las interrupciones en las carreteras.
Asimismo, la CIDH hizo eco de los informes que indican la detención de varias personas en el contexto de operaciones de desbloqueo, mencionando «posibles afectaciones a las garantías judiciales y deficientes condiciones de privación de la libertad».
La CIDH enfatizó que «El Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y facilitar las manifestaciones públicas, lo que incluye agotar todas las medidas para la resolución pacífica de los conflictos, fomentar un diálogo amplio e inclusivo con todas las partes interesadas y asegurar que las tareas de seguridad ciudadana estén reservadas a las fuerzas estatales constitucionalmente autorizadas».
Por otro lado, el informe también señaló que se han recibido denuncias sobre al menos 30 agresiones en contra de periodistas y trabajadores de la prensa que cubrían estos acontecimientos, tanto de medios públicos como privados.
El organismo subrayó que «El Estado debe facilitar el trabajo de periodistas; garantizar su protección en la cobertura de eventos de interés público, como las protestas sociales; investigar y sancionar cualquier acto de violencia que amenace su integridad, ya sea por agentes públicos o particulares».
Finalmente, la CIDH reafirmó su compromiso de continuar monitoreando la situación y de respaldar la implementación de las recomendaciones de su informe, el cual propone lineamientos prácticos para mitigar los efectos de la polarización política.
