Ley de eutanasia supera escollo parlamentario tras intenso debate en Reino Unido

La propuesta fue aprobada por 330 votos a favor y 275 en contra. Ahora deberá ser examinada en comisión antes de ser sometida de nuevo a la aprobación de las dos cámaras del Parlamento

Los representantes británicos dieron su aprobación el pasado viernes a un proyecto de ley sobre muerte asistida que afecta a Inglaterra y Gales, lo que permite avanzar hacia las próximas etapas de su tramitación legislativa tras un intenso debate lleno de controversias éticas y religiosas.

La iniciativa fue respaldada con 330 votos a favor y 275 en contra. Ahora, el proyecto será revisado en comisión antes de ser nuevamente votado por ambas cámaras del Parlamento.

La propuesta permite el suicidio asistido para aquellos pacientes de Inglaterra y Gales que estén en una etapa terminal y que tengan una expectativa de vida de no más de seis meses. Para optar por esta opción, los pacientes deben ser capaces de manifestar su voluntad de manera clara y recibir la aprobación de dos médicos y un juez.

La diputada laborista Kim Leadbeater, quien presentó la propuesta, sostiene que estas condiciones hacen que sea el texto más sólido del mundo sobre este tema.

Ante la Cámara de los Comunes, Leadbeater mencionó que el objetivo del texto es brindar “elección, autonomía y dignidad” a los adultos que padecen enfermedades en fase terminal.

Argumentó que la legislación vigente “no es clara y no protege a los pacientes, las familias ni al personal de salud, lo que empuja a las personas a tomar decisiones desesperadas”. Relató la situación de Norman, un hombre que, tras años luchando contra un cáncer de próstata, finalmente optó por quitarse la vida de forma trágica.

A pesar de que la propuesta fue promovida por su partido, el gobierno laborista no la apoyó de manera oficial, y los resultados dependieron más de las convicciones personales de los parlamentarios que de las directrices del partido.

Hace nueve años, una similar iniciativa fue rechazada por el Parlamento, sin embargo, la opinión pública ha cambiado y ahora es mayoritariamente favorable a este proyecto.

Un estudio de opinión reciente de YouGov reveló que tres cuartas partes de la población en Inglaterra y Gales están a favor de esta modificación legislativa.

La periodista Esther Rantzen, quien sufre de cáncer en etapa terminal y apoya esta ley, instó a los legisladores a aprobarla, indicando que si no se hace, podría tardar hasta diez años en volver al Parlamento. Tras la votación, expresó su alegría por el resultado.

La organización Care Not Killing, que se opone al suicidio asistido, expresó su decepción y subrayó que el resultado fue ajustado.

Diversos países como Países Bajos, España, Colombia, Ecuador y Canadá han legalizado la asistencia al suicidio para aliviar el sufrimiento de pacientes en fase terminal. Actualmente, el suicidio asistido sigue siendo ilegal en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, donde quienes lo facilitan pueden enfrentar hasta 14 años de prisión. Escocia, que tiene competencias en materia de salud, votará sobre este asunto en 2025.

La votación en Westminster estuvo precedida por un acalorado debate sobre posibles abusos y la necesidad de establecer límites para proteger a personas vulnerables o con discapacidades. Alrededor de treinta líderes religiosos expresaron su “profunda preocupación” de que algunas personas puedan sentir una presión para optar por la muerte asistida y así no ser una carga para sus familias.

Otros argumentaron que, antes de considerar la muerte asistida, se debería invertir más en cuidados paliativos. Katie Reade, de la organización Hospice UK, resumió esta posición al señalar que “hace falta más inversión en los cuidados paliativos y de fin de vida”.

La mayoría de los 650 parlamentarios no había revelado su intención de voto, lo que complicaba prever el desenlace. Aunque el gobierno solicitó neutralidad a sus miembros, algunos ministros expresaron su postura. El ministro de Salud, Wes Streeting, anunció que votaría en contra, señalando su preocupación por la carga financiera adicional que esto podría representar para el sistema público NHS, que ya está en crisis. Por su parte, el primer ministro Keir Starmer, quien no había indicado su intención de voto, mostró su apoyo al proyecto, similar a su respaldo en 2015.

Entre los conservadores también hubo divisiones. David Cameron, ex primer ministro que se opuso a la propuesta hace nueve años, informó que votaría a favor, mientras que otro ex jefe de gobierno, Boris Johnson, señaló que se opone al proyecto.