Asamblea cruceña pide al Gobierno reconsiderar el veto a la exportación de aceite y le plantea “soluciones estructurales”
“La paralización de exportaciones no solo pone en riesgo a la cadena productiva oleaginosa, sino también afecta la estabilidad de sectores vinculados, como los transportistas y proveedores”, señala el Legislativo departamental
Ante el reciente veto temporal impuesto por el Gobierno a la exportación de aceite, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (ALD) solicitó a la administración estatal que reconsidere esta medida, que ha generado rechazo e inquietud en diversas áreas del sector productivo.
En un comunicado divulgado la noche del sábado, la ALD instó al Gobierno nacional a evaluar de manera urgente esta decisión considerada regresiva, subrayando la necesidad de implementar soluciones estructurales.
Las autoridades cruceñas coinciden con el Gobierno en la importancia de combatir el contrabando y la especulación, pero enfatizan que estas acciones deben llevarse a cabo sin perjudicar a los productores nacionales.
Además, consideran que es vital garantizar el acceso seguro a los mercados tanto internos como externos y fomentar la producción nacional mediante políticas públicas que brinden certidumbre y seguridad jurídica al sector productivo.
Desde que se implementó esta medida, varias instituciones del sector productivo, incluida la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), han alzado la voz de alarma sobre las múltiples repercusiones que podrían derivarse, desde la pérdida de mercados hasta el impacto laboral en miles de familias.
El presidente de la Caniob, Jorge Amantegui, expresó que esta decisión perjudica a toda la cadena productiva oleaginosa, comprometiendo la seguridad jurídica y poniendo en riesgo los mercados internacionales de soja y sus derivados, lo que podría tener un efecto adverso en la generación de divisas que el país actualmente necesita.
La ALD también destacó que el sector oleaginoso es responsable de más de 120.000 empleos directos e indirectos y de ingresos anuales que superan los $us 2.000 millones. Cabe mencionar que alrededor del 80% de los productores en este sector son pequeños agricultores, unas 14.000 familias, que dependen de la venta de su producción a industrias y exportadores.
Asimismo, enfatizaron que la paralización de las exportaciones no solo amenaza sus medios de sustento, sino que también repercute en la estabilidad de sectores correlacionados, como transportistas y proveedores de insumos y maquinaria.
En este contexto, reiteraron que el diálogo es el único camino para resolver las diferencias, aunque los acuerdos deben cumplirse de inmediato y no quedarse solo en promesas incumplidas, como ha sucedido en ocasiones anteriores, lo cual ha generado desconfianza entre la población.
