Concejales mujeres denuncian “pacto de alternancia” que les obliga a dejar sus cargos
“Este asunto sí es de género, no les gusta que haya una figura femenina que esté haciendo política con una visión diferente y renovada”, declaró Amparo Acosta, concejala del MAS
Un conflicto en el municipio boliviano de Sacaba, ubicado en el centro del país, ilustra cómo los acuerdos de “alternancia” que deben seguir las autoridades electas a menudo resultan en renuncias forzadas, alcanzando en el caso de las mujeres niveles altos de violencia. Tania Sánchez, representante de la Coordinadora de la Mujer, informó a EFE que la “alternancia” es un fenómeno que comúnmente se presenta en municipios rurales e interurbanos, y lo calificó como un proceso “inconstitucional”, ya que la legislación del país no contempla que una persona electa para ejercer un cargo por cinco años deba dimitir a la mitad de su mandato.
Los pactos de alternancia son acuerdos implícitos en los que las autoridades designadas durante las elecciones se comprometen a dejar su puesto a la mitad de su gestión. Esta dinámica se torna particularmente dramática cuando el reclamante es un hombre y la persona forzada a renunciar es una mujer. Sánchez agregó que las concejalas enfrentan una presión diferente, ya que a menudo son objeto de violencia y acoso en varios niveles, incluyendo hostigamiento a sus familias, agresiones físicas y críticas que atacan su integridad moral y capacidades para desempeñar su cargo.
En Sacaba, un municipio colindante con Cochabamba, la situación se intensificó en mayo pasado, cuando ocho concejales, de los cuales cinco son mujeres, fueron desplazados por una persona que se autoatribuyó la presidencia del consejo. Con el apoyo de otro concejal, esta persona habilitó a los suplentes para que los reemplazaran. Sánchez señaló que la violencia contra las concejalas ha aumentado en el contexto de la lucha por el poder dentro del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), dividido entre aquellos leales al expresidente Evo Morales y los sectores que apoyan al actual mandatario Luis Arce.
Martina Rojas, concejala de Sacaba, indicó a EFE que desde mayo los ocho concejales marginados han dejado de recibir su salario, enfrentan agresiones físicas, han tenido sus teléfonos móviles confiscados y están bajo investigación en una comisión de ética. Rojas también comentó que se están utilizando organizaciones sociales para presionar a los concejales desplazados a firmar el pacto de “alternancia”. Ella sostuvo que esta interrupción se dio justo cuando ellos estaban llevando a cabo sus funciones de fiscalización de la gestión municipal.
“Este asunto sí es de género, no les gusta que haya una figura femenina que esté haciendo política con una visión diferente y renovada”, declaró a EFE Amparo Acosta, otra concejala del MAS. Acosta también mencionó que las acciones en su contra comenzaron cuando exigió que el alcalde de Sacaba, Pedro Gutiérrez, del mismo partido, coordinara su gestión con el Gobierno central, algo que se había negado a hacer durante varios años.
Acosta describió la violencia física y psicológica que ella y sus compañeras han sufrido como “incomparable”, y afirmó que la situación en Sacaba “ha sobrepasado cualquier esfera de violencia” que pueda presentarse en otras zonas del país. La concejala reportó que su vivienda ha sido atacada con “bombas caseras” y ha recibido amenazas telefónicas, aunque sigue firme en su objetivo de “buscar justicia y que se respete el Estado de derecho” en Bolivia.
La Coordinadora de la Mujer, según datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia, reportó que en 2024 se registraron 61 renuncias de mujeres autoridades electas atribuibles a estos pactos de “alternancia” o “gestión compartida”. Desde que se promulgó la Ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política en 2012, se han documentado cerca de 1,000 casos, de los cuales la mitad han ingresado al sistema penal, pero solo seis procesos han culminado en sentencias ejecutoriadas. El caso más emblemático es el de la concejala Juan Quispe, asesinada en 2012, cuyo agresor recibió una pena de 30 años de prisión, revelada este año.
