Ecuador: Justicia deja sin efecto la suspensión de la vicepresidenta y Noboa dispone el traslado de Abad a Turquía

La Justicia ecuatoriana dejó sin efecto el lunes la suspensión de cinco meses sin remuneración que el Ministerio de Trabajo impuso contra Verónica Abad. Por su lado, el presidente de Ecuador determinó el traslado de la mujer a Turquía

La justicia ecuatoriana anuló el lunes la suspensión de cinco meses sin salario que el Ministerio de Trabajo había impuesto a la vicepresidenta del país, Verónica Abad, por supuesta “injustificada falta al trabajo durante tres o más días laborales”. Después del fallo judicial, un grupo de seguridad le impidió el acceso a su lugar de trabajo y, en respuesta, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decidió trasladar temporalmente a Abad a Turquía.

El día lunes, la jueza Nubia Vera aceptó la acción de protección interpuesta por Abad tras la sanción de 150 días de inhabilitación que el Ministerio de Trabajo le impuso después de abrir un expediente administrativo. Esta decisión le impedía asumir temporalmente la presidencia en caso de que Noboa solicitara una licencia para participar en la campaña electoral de 2025.

La suspensión se fundamentó en que, al aceptar el traslado a Turquía debido a las crecientes tensiones en Oriente Medio, Abad no viajó en el plazo establecido. Sin embargo, Abad argumenta que sí cumplió con los tiempos legalmente permitidos.

Dicha sanción la inhabilitaba para ejercer funciones presidenciales durante la campaña electoral programada del 5 de enero al 9 de febrero de 2025, y surgió tras las acusaciones de Abad a Noboa por supuesta violencia política de género, donde lo acusó de orquestar un acoso en su contra para que dimitiera.

Como resultado, el Gobierno ha acusado a Abad de intentar desarrollar un “golpe de Estado” para desplazar a Noboa del poder, en medio de un proceso que se tramita en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Al finalizar la audiencia en la que se comunicó el fallo, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, anunció que apelará la decisión. Además, la sentencia exige a Núñez que ofrezca disculpas públicas a Abad en un plazo de 72 horas, tras haber permanecido 49 días en suspensión.

La jueza determinó que hubo una violación de derechos constitucionales y del debido proceso en el sumario administrativo que se llevó a cabo contra Abad. Tras escuchar el fallo, Abad indicó que se dirigirá a las instalaciones de la Vicepresidencia.

En una entrevista con EFE la semana pasada, Abad había señalado que si el fallo era favorable, acudiría a la Vicepresidencia.

Al concluir la audiencia en Quito, donde Abad estuvo presente mientras la ministra de Trabajo participó de forma virtual, Vera denunció que recibió amenazas por este caso. “Son más de diez años los que tengo en el servicio de la justicia, y es la primera vez que he sido coaccionada, amenazada, amedrentada”, comentó, asegurando que tiene una “flash memory” en la que supuestamente le indicaban cómo debía resolver el caso.

La jueza resaltó que la semana pasada, miembros del Consejo de la Judicatura visitaron su oficina, supuestamente para entregarle un “pen drive” con indicaciones sobre cómo debía fallar en la acción de protección planteada por Abad.

Visiblemente afectada, la jueza declaró que está denunciando estos hechos porque su carrera profesional está en riesgo: “No es justo que vengan a amedrentar a un juez, a interferir porque yo le dije ‘déjenme hacer mi trabajo’”.

La jueza también afirmó que le advirtieron sobre posibles consecuencias, tanto para ella como para sus hijos.

Con la anulación de la sanción, según lo estipulado en la Constitución, Abad queda habilitada para asumir la presidencia cuando Noboa requiera una licencia para la campaña electoral de 2025, donde busca su reelección.

No obstante, la situación de Abad sigue siendo incierta ya que el próximo viernes debe presentarse a una audiencia por una denuncia realizada por la asesora presidencial, Diana Jácome, por presunta violencia política de género ante el TCE.

En la entrevista con EFE, Abad expresó su desconfianza hacia el TCE, donde se tramitará la denuncia de Jácome, quien solicita la suspensión de derechos políticos de Abad por dos años, lo que le impediría ocupar cualquier cargo público.

Según Abad, su propia denuncia contra Noboa por posible violencia política de género se encuentra en “stand by” en el TCE tras una audiencia inicial de aproximadamente trece horas, llevada a cabo hace dos meses.

Luego del fallo judicial, Noboa designó el lunes a Abad como consejera temporal en la embajada de Turquía y facilitó su traslado a Ankara, que deberá completarse como máximo hasta el viernes.

El presidente emitió un decreto de nombramiento apenas se desechó la suspensión de cinco meses sin salario que el Ministerio de Trabajo había impuesto sobre Abad por “injustificada falta al trabajo por tres o más días laborales”.

En el decreto, también agradeció a Sariha Moya por sus servicios como vicepresidenta interina y la mantuvo como titular de la Secretaría Nacional de Planificación.

En el decreto se designó a Abad “como única función, especial y temporal, colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el Gobierno de la República de Turquía”. El texto instruye a la Cancillería que la nombre de inmediato como consejera temporal, con funciones económicas en la embajada ecuatoriana en Turquía, ubicada en Ankara.

“Para el efecto se coordinará el traslado de la funcionaria y sus familiares de ser el caso, así como las acciones administrativas, financieras y legales necesarias, para que se presente en funciones máximo hasta el 27 de diciembre del 2024”, detalla el decreto firmado por Noboa.

Este nuevo capítulo se suma a la intensa confrontación entre Noboa y Abad, la cual comenzó durante la campaña electoral de 2023 y se intensificó al asumir el poder, cuando el mandatario la envió, con poca antelación, como embajadora a Israel con la misión de fomentar la paz entre israelíes y palestinos.

Abad regresó a Ecuador en noviembre pasado después de haber sido sancionada tras un sumario administrativo abierto por el Ministerio de Trabajo por un supuesto “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales”.