Ante anuncios de movilización, Gobierno prevé convocar a sectores para reglamentar la ley del PGE 2025
El sector gremial enfila movilizaciones en los próximos días en rechazo a una disposición del PGE 2025, mientras que el viceministro Jorge Silva dijo que la reglamentación se debe abordar de manera conjunta
El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, comentó que se planea discutir la reglamentación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado, que ha encontrado la oposición de varios sectores. Esta norma permite que las autoridades competentes lleven a cabo acciones de control, fiscalización y confiscación de productos en el ámbito de la comercialización de alimentos, especialmente aquellos que sean almacenados, retenidos o que se busque encarecer.
La disposición también exige que todos los participantes en la cadena productiva de alimentos esenciales informen sobre la producción, transformación y comercialización de acuerdo a la reglamentación establecida por una Resolución Biministerial de los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Para que la Ley sea efectiva, «debe trabajarse una reglamentación aprobada a través de una resolución biministerial entre el Ministerio de Desarrollo Rural y el Ministerio de Desarrollo Productivo, para cuyo efecto va a ser importante la incorporación o la participación de aquellos actores que se crean afectados con esta disposición», expresó Silva.
A pesar de esto, existe un descontento considerable entre los actores del sector productivo por la decisión de mantener esta disposición, la cual había sido rechazada en su momento, incluso siendo eliminada anteriormente en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta cláusula persistió porque no fue discutida en el pleno del Parlamento.
Silva subrayó que el objetivo de esta normativa no es perjudicar a los gremialistas, comerciantes o al sector productivo, sino que está orientada a salvaguardar el derecho a la alimentación de la población boliviana y a combatir prácticas ilegales de almacenamiento de alimentos destinados al contrabando.
En el ámbito de la protesta, la Central de Trabajadores de Bolivia ha anunciado una marcha programada para el 13 de enero en oposición a esta disposición del Presupuesto General del Estado, que partirá desde La Ceja alteña hacia el centro de La Paz.
Por otro lado, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, indicó que esta disposición atenta contra el sector productivo y el sector privado en general, ya que permite la intervención de unidades productivas.
