Pasaje en Santa Cruz: ¿Decisión de la Justicia resuelve el pedido de alza de tarifas de micros?
El miércoles los transportistas señalaron que la justicia falló a su favor sobre la acción de cumplimiento sobre la tarifa del pasaje, pero ¿Qué es lo que decisión la Sala Constitucional Tercera?
Este jueves se dio a conocer que la acción de cumplimiento presentada por los transportistas con el propósito de que se apruebe el aumento del pasaje, que han solicitado desde el año pasado, ha sido revisada. Sin embargo, la decisión de la Sala Constitucional Tercera establece que se debe seguir un procedimiento ya determinado en las normas municipales y no otorga autorización para realizar un incremento en el pasaje.
A pesar de que el documento confirma que se concede a los transportistas la acción de cumplimiento, la orden de la Sala Constitucional Tercera a las autoridades municipales es “revisar el pedido del transporte público”.
Además, la resolución aclara que cualquier acción positiva deberá basarse en el soporte técnico y legal correspondiente, así como cumplir con los estándares del ordenamiento jurídico municipal referentes a la fijación de tarifas.
La parte final de la resolución enfatiza la necesidad de ajustarse al marco legal municipal en la fijación de tarifas. Esta afirmación fue ratificada por el alcalde Jhonny Fernández durante una conferencia de prensa el mismo jueves.
Fernández comentó que “aquí habla claramente, cumpliendo los parámetros del ordenamiento jurídico municipal”. Según lo indicado por la autoridad municipal, corresponde que “el alcalde puede fijar tarifas, el reglamento dice que el concejo debe aprobarlas”.
Con el fin de cumplir lo establecido por la Sala Constitucional Tercera, la Alcaldía enviará al Concejo toda la metodología y el trabajo técnico legal que respalda la propuesta de que el pasaje debe oscilar entre Bs 2,17 y Bs 2,37.
Previo a esto, el Concejo había rechazado la propuesta de tarifas enviada por el alcalde y, al menos por el momento, ningún concejal ha modificado su postura. En su lugar, el órgano legislativo municipal aprobó una ley de necesidad pública para establecer un nuevo sistema de transporte.
