Este lunes debía reinstalarse el juicio por la crisis de 2019, pero se suspendió hasta el 6 de enero por la ausencia de Pumari y una juez
Martín Camacho, el abogado del gobernador cruceño, confirmó la suspensión e indicó que se trata de una baja de prenatalidad para la funcionaria judicial, lo que en su criterio es “una decisión correcta”.
Este lunes se debía reanudar el juicio oral por la crisis de 2019, luego de casi dos semanas de pausa. No obstante, la audiencia se suspendió nuevamente hasta el 6 de enero debido a la ausencia del exlíder cívico Marco Antonio Pumari, quien se encuentra en el penal de Cantumarca, Potosí.
La suspensión también se dio por la baja médica de uno de los jueces técnicos. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acudió a la sede de Gobierno, pero tuvo que regresar al penal de Chonchocoro.
El subprocurador Ricardo Condori, parte de la acusación, mencionó que la principal razón para la suspensión fue la baja médica de la jueza, un derecho constitucional que protege la salud de los funcionarios. En su opinión, existe una justificación adecuada para la interrupción del juicio, considerando que la próxima semana se entrará en vacación judicial.
Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, confirmó la suspensión y explicó que la baja corresponde a una licencia de maternidad de la jueza. En su evaluación, se trata de una decisión adecuada.
Por su parte, Diego Gutiérrez, abogado de Pumari, afirmó que sin la presencia de su defendido no se podía continuar con el juicio, ya que el tribunal había establecido que era indispensable la presencia física de los acusados.
Estaba previsto que en esta jornada se presentaran documentos y pruebas por parte del Ministerio de Gobierno. Se ha mencionado que se han recopilado más de 200 documentos; sin embargo, la mayoría son solo referencias de medios de comunicación, televisivos o páginas de internet.
Gutiérrez subrayó que esta documentación tiene un carácter más informativo y mediático que probatorio, lo que impide llegar a conclusiones sobre los sucesos de 2019. Además, indicó que solicitarán la exclusión de las pruebas que consideren no pertinentes.
El relato del Gobierno de Luis Arce y del Movimiento Al Socialismo (MAS) sostiene que lo ocurrido en 2019 fue un golpe de Estado. En contraste, desde la oposición y algunas organizaciones civiles, se argumenta que lo que ocurrió fue un fraude electoral, que provocó las protestas de la población y, finalmente, la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del país.
