Reunión de gobernadores concluye rechazar el PGE 2025 proyectado por el Gobierno
No se ha cumplido lo acordado e instruido por el presidente del Estado (Luis Arce) en el último Consejo Nacional de Autonomías y las reuniones técnicas con los diferentes ministerios, según el gobernador cruceño
La reunión de gobernadores que tuvo lugar este miércoles en la capital cruceña resultó en el rechazo al Presupuesto General del Estado para el año 2025, el cual había sido proyectado por el Gobierno nacional. Este acuerdo fue plasmado en un documento que fue firmado por cuatro gobernadores y equipos técnicos de otros tres gobiernos departamentales.
Mario Aguilera, gobernador en función suplente de Santa Cruz, declaró que “rechazamos el anteproyecto de ley del presupuesto 2025 toda vez que no se ha cumplido lo acordado e instruido por el presidente del Estado (Luis Arce) en el último Consejo Nacional de Autonomías y las reuniones técnicas con los diferentes ministerios”.
En el encuentro participaron los gobernadores de Chuquisaca (Damián Condori), Tarija (Oscar Montes) y Cochabamba (Humberto Sánchez), así como equipos técnicos de los gobiernos departamentales de Beni, Oruro y Potosí. En esta reunión se acordaron diversas conclusiones, entre las que se destacan cinco puntos relevantes.
Conclusiones de la Reunión
1.- Se celebró la sentencia constitucional plurinacional 040/2024, que elimina el candado impuesto en la Ley Madre Tierra, permitiendo que Bolivia proteja sus bosques y obtenga ingresos por esta protección.
2.- Existe un reconocimiento de que en Bolivia hay al menos 55 millones de hectáreas de bosques que podrían generar ingresos anuales de al menos $us 5.000 millones a través de servicios medioambientales.
3.- Se tomó nota del decreto supremo 5264, que establece lineamientos para la gestión y acceso al financiamiento para el cambio climático. Este decreto fue rechazado por excluir a los municipios, gobiernos indígenas, gobernaciones y a la población en general que habita, gestiona y protege los bosques del país.
4.- Los gobernadores hicieron un llamado a la creación de un marco legal que garantice una verdadera protección y gestión de los bosques, así como una distribución equitativa y democrática de los recursos generados, asegurando la participación de los diferentes niveles del Estado y de la población.
5.- Las gobernaciones se comprometen a elaborar una propuesta que considere el tiempo y materias necesarias para analizar los aspectos técnicos, ambientales, jurídicos, políticos y sociales para la participación de las entidades territoriales autónomas en la distribución de los recursos derivados del mercado de carbono.
“Este es el resultado de esta reunión que hemos sostenido hoy día (…) Creemos y sabemos lo que se debe hacer en el país para darle oportunidad de sustentabilidad a las autonomías departamentales cumpliendo con una competencia que tiene que ver con la planificación de nuestros territorios”, concluyó Aguilera.
