Empresarios rechazan sumarse a la reglamentación de disposición del PGE que genera polémica
El ministro de Economía dijo que el sector privado puede participar de la reglamentación ante la intranquilidad por una disposición que contempla decomiso de productos si el Gobierno ve un precio elevado
Desde el sector privado han expresado su negativa a unirse a la regulación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, solicitando la eliminación completa de la disposición adicional séptima, que prevé el decomiso de productos si el Gobierno considera que su precio es excesivo.
En un comunicado emitido este miércoles, el sector privado, en compromiso con el desarrollo económico del país, anunció que no participará en procesos de reglamentación vinculados a dicha disposición. A este pronunciamiento se han adherido diversas entidades camarales.
Entre las instituciones que respaldan esta comunicación se encuentran la Cámara Nacional de Indústrias (CNI), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), la Cámara de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), entre otras.
Asimismo, instan al Presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a “no aprobar normativas que vulneran derechos fundamentales”, como la libertad de producción y comercialización, consagrados en la Constitución Política del Estado.
La disposición adicional séptima del PGE establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen, retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Además, señala que todo participante de la cadena productiva de alimentos esenciales debe poseer una declaración jurada sobre la información de producción, transformación y comercialización, de acuerdo a la reglamentación aprobada por una resolución biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo.
En su comunicado, advierten que la aprobación de esta norma generará un clima de inseguridad jurídica, lo que alejará las inversiones tanto nacionales como extranjeras, afectando la economía del país, especialmente en un contexto donde es crucial aumentar la producción y las exportaciones.
Las cámaras alertan que la implementación de esta disposición adicional podría fomentar un ambiente propenso a la arbitrariedad y a la extorsión por parte de funcionarios públicos, incentivando la informalidad y provocando efectos negativos directos, como el desabastecimiento de productos alimenticios esenciales, afectando de manera severa a la población.
