Perú crea comisión para debatir pena de muerte para violadores de niños
Las leyes actuales aplican la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años. Según el reporte, un total de 8.491 personas cumplen actualmente sentencia por este delito
El gobierno peruano ha decidido formar una comisión especial con el objetivo de analizar la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte en casos de abusos sexuales contra menores de edad, según lo anunció el Ministerio de Justicia este domingo.
La misión de esta comisión será la de facilitar debates públicos para considerar las propuestas relacionadas con la ampliación de la pena de muerte específicamente para los delitos de violación sexual de menores, según el comunicado de la institución.
Esta acción se enmarca en la preocupación por la creciente incidencia de violaciones sexuales a menores en el país, hecho que ha sido señalado por el propio ministerio como un grave problema social en la actualidad en Perú.
La presidenta Dina Boluarte, abogando por una discusión sobre la reintroducción de la pena capital para quienes cometen estos crímenes, hizo un llamado a esta conversación tras el trágico caso del asesinato de una niña de 12 años en un sector marginal de Lima, en el que se investiga si también sufrió agresión sexual.
En Perú, la pena de muerte fue eliminada en 1979, y anteriormente se aplicaba a delitos como la traición a la patria y homicidio agravado.
Para que la pena capital sea restablecida, se requeriría una reforma constitucional que tendría que ser aprobada por el Congreso, aunque este tipo de medida contravendría los compromisos internacionales que Perú ha asumido en relación a los derechos humanos.
Las legislaciones vigentes prevén la cadena perpetua para quienes violen a menores de 14 años, y actualmente, según el Instituto Nacional Penitenciario, hay 8.491 personas cumpliendo condena por este tipo de delitos.
La nueva comisión, que contará con miembros del estado y de la sociedad civil, tiene la responsabilidad de organizar debates en diferentes regiones del país y de elaborar un informe final que recoja sus hallazgos, de acuerdo con lo indicado por el gobierno. Su periodo de actividad será de tres meses, con posibilidad de prórroga.
Javier Arévalo, quien preside el Poder Judicial, expresó que la pena de muerte «es una medida salvaje» y manifestó su oposición a que se discuta este tema.
Desde 1995, el Poder Legislativo ha rechazado al menos ocho propuestas de ley que buscaban restablecer la pena capital.
