El caso paralizó Ecuador: Familia de niños desaparecidos esperan resultado de examen a cuerpos carbonizados
Las familias acudieron el miércoles al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil hasta donde fueron trasladados los cuatro cadáveres hallados en una zona agreste de Taura, cantón Naranjal, en la provincia de Guayas, mientras se desarrollaban las investigaciones sobre el caso de los menores, quienes desaparecieron por esa zona luego de haber sido aprehendidos por una patrulla militar
Los familiares de los cuatro niños que desaparecieron el 8 de diciembre en Guayaquil, Ecuador, están a la espera de los resultados de los exámenes que están llevando a cabo médicos forenses sobre unos cuerpos calcinados hallados el martes pasado, cuyos resultados se esperan para este lunes.
El miércoles, las familias se presentaron en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, donde fueron trasladados los cuatro cadáveres encontrados en un área rural de Taura, cantón Naranjal, en la provincia de Guayas. Las investigaciones se están realizando en torno al caso de los menores, quienes desaparecieron en esa zona después de haber sido detenidos por una patrulla militar.
De acuerdo a lo señalado por EFE, en el laboratorio se realizaron entrevistas para llevar a cabo pruebas antropológicas, indicó Billy Navarrete, director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que brinda apoyo legal a las familias. Proporcionaron detalles sobre las características físicas de los niños, como su edad, estatura y otros datos que permitan cotejar con los cuerpos encontrados, ya que no es posible realizar pruebas dactilares debido a su condición.
A los cuerpos se les efectuarán estudios radiográficos y las correspondientes autopsias. En caso de que los análisis no ofrezcan resultados concluyentes, se procederá a realizar pruebas de ADN, un proceso que podría prolongarse hasta unos 30 días. Sin embargo, Navarrete aseguró que el Ministerio del Interior ha prometido, en colaboración con una universidad extranjera, obtener los resultados en un plazo de cinco días.
La desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años respectivamente, junto a sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), ocurrió la noche del 8 de diciembre, tras una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Videos que circulan en redes sociales muestran a hombres en prendas militares deteniendo a los menores cerca de un centro comercial, los golpean y los suben a una camioneta.
Según versiones iniciales, los uniformados trasladaron a los menores a la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se encuentra una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), y en ruta los dejaron en libertad.
El pasado martes, una jueza ordenó que la desaparición fuera investigada como “forzada” y con “responsabilidad del Estado”, luego de aceptar el hábeas corpus solicitado por las familias de los menores. Durante la audiencia se presentaron elementos que sugieren que los 16 militares que intervinieron en la detención “no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos”. La Fiscalía, por su parte, presentará cargos el próximo martes contra los 16 soldados implicados en el delito de desaparición forzada.
Los representantes del CDH también se reunieron este jueves con la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna Tanca, en un “comité de respuesta integral” creado con el fin de coordinar acciones ante este caso. A la reunión asistieron representantes de diversas organizaciones del sistema de protección a niños, niñas y adolescentes, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y la Policía, entre otras.
Durante este encuentro se acordó establecer una mesa de atención integral para casos de uso ilegítimo de la fuerza, que se dedicará a dar seguimiento al caso de los menores desaparecidos y a otros casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que involucren a la fuerza pública.
