Cancelan arresto del presidente surcoreano ante la obstrucción de su servicio de seguridad

Según contó un funcionario del CIO, el servicio de seguridad presidencial formó varios perímetros con unos 200 efectivos que detuvieron a los investigadores a unos 200 metros de la residencia

Las autoridades surcoreanas han cancelado la operación que buscaba detener al presidente Yoon Suk-yeol para interrogarlo por la proclamación de la ley marcial en diciembre, en medio de la obstrucción presentada por su servicio de seguridad en su residencia en Seúl.

Un portavoz de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés) indicó a los medios que la operación fue suspendida a las 13:30, hora local. Esta decisión se produjo tras un enfrentamiento que duró entre tres y cuatro horas entre 20 agentes del organismo y 80 policías con la seguridad presidencial, que se negó a permitir el acceso a la vivienda del presidente.

Un funcionario del CIO informó a la agencia Yonhap que el servicio de seguridad del presidente estableció varios perímetros con aproximadamente 200 efectivos, impidiendo el avance de los investigadores a solo 200 metros de la residencia.

A pesar de que no se llevaron a cabo detenciones, se ha convocado al jefe del servicio de seguridad presidencial, Park Jong-joon, para declarar mañana por un posible delito de obstrucción de funciones oficiales. El portavoz del CIO explicó que, debido al estancamiento constante y a la preocupación por la seguridad en el lugar, se determinó que resultaba prácticamente imposible ejecutar la orden de arresto.

Tras pasar un primer control militar en el perímetro del recinto, el equipo de investigadores presentó una confrontación con el servicio de seguridad del presidente, el cual no reconoció como válidas las órdenes de arresto y registro que habían sido obtenidas el martes, después de que Yoon ignorara tres solicitudes para comparecer en relación a su decisión de decretar la ley marcial el 3 de diciembre.

Alrededor de 11.000 seguidores del presidente, según cifras de la Policía, se reunieron cerca de su residencia para celebrar la suspensión de la operación con vítores. “Estamos luchando a favor del presidente y contra estas elecciones manipuladas. Tenemos el mismo problema que ahí (en EE. UU.), así que queremos detener el robo,” comenta Hong-shin, estudiante que sostiene una pancarta con el lema “Stop the steal!” (“¡Detengan el robo!”), una frase asociada a grupos radicales que apoyaron al expresidente Donald Trump.

Los simpatizantes de Yoon han adoptado esta consigna al cuestionar la legitimidad de las legislativas surcoreanas de 2024, que favorecieron a la oposición en el Parlamento. “Si el presidente Yoon es detenido, seguiremos luchando”, añade Hong-shin, quien ha viajado desde Daejeon para apoyar al mandatario.

Un hombre de 64 años, que prefirió permanecer en el anonimato, también apoya esta perspectiva y asegura que considera al líder opositor Lee Jae-myung como un espía trabajando para el Partido Comunista de China.

La Policía ha desplegado un importante contingente de aproximadamente 2.700 agentes en las cercanías de la residencia presidencial, ubicada en el barrio de Hannam en Seúl, para prevenir altercados. Sin embargo, también se han convocado protestas en favor del arresto de Yoon, lo que aumenta los temores de que se produzcan enfrentamientos.

Los abogados del presidente han presentado una solicitud judicial para anular la orden de detención, alegando que solo la Fiscalía tiene la autoridad para solicitar un arresto por un posible delito de insurrección, el único delito al que un presidente surcoreano no es inmune.

En caso de que se lleve a cabo su arresto, el equipo conjunto formado por el CIO, la policía y el Ministerio de Defensa Nacional tendría un plazo de 48 horas para interrogar a Yoon e incluso podría solicitar una prolongación de la detención si lo estima necesario. Yoon, quien tiene prohibido abandonar el país, fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre y está a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre su restitución o cese definitivo, que se espera para junio.