Bajo Llojeta: Fiscalía pide la detención del representante de la inmobiliaria sindicada del caso de la mazamorra
El empresario y representante de la inmobiliaria fue imputado de manera formal por los delitos de peligro de estrago, otros estragos, lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado.
La Fiscalía de La Paz ha solicitado la detención preventiva por un periodo de 60 días del representante de la empresa inmobiliaria vinculado con el caso de la mazamorra que resultó en la muerte de una niña y en daños a más de 40 viviendas en Bajo Llojeta.
El fiscal departamental de La Paz, Carlos Tórrez, ha informado que esta persona ha sido formalmente imputada por cuatro delitos.
El empresario y representante de la Inmobiliaria Kantutani, Luis Enrique Iturralde, ha sido acusado formalmente de los delitos de peligro de estrago, otros estragos, lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado.
Según la comisión de fiscales, existen suficientes elementos de convicción en contra del arquitecto implicado en este caso, por el cual ya fue encarcelado el alcalde de Achocalla, Mario Condori.
De acuerdo con el cuaderno de investigación, este individuo se encuentra actualmente en Perú, habiendo abandonado Bolivia poco después del deslizamiento, según lo mencionado por sus colaboradores, para recibir tratamiento por una enfermedad. Hace más de una semana, dio su testimonio ante la Fiscalía de forma virtual a través de Zoom.
La Alcaldía de La Paz ha señalado a Kantutani como responsable del «movimiento irregular» de tierra en el cementerio Los Andes, el cual es de su propiedad, y que provocó el deslizamiento.
La comisión de fiscales ha solicitado que se imponga al imputado la medida extrema de detención preventiva por 60 días, fundamentando los tres requisitos exigidos para tal efecto, según parte de la imputación formal presentada el 30 de diciembre de 2024.
La noche del 23 de noviembre de 2024, la mazamorra que ingresó a tres barrios de Bajo Llojeta sorprendió a los residentes, quienes observaron cómo sus pertenencias eran cubiertas por el material. En esa ocasión, Camila Peyton, de cinco años, perdió la vida sepultada por el lodo.
La empresa ha desvinculado su responsabilidad en el incidente, afirmando que contaba con el aval del Gobierno municipal de Achocalla para llevar a cabo las obras.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, y dos de sus asistentes también han declarado en relación con este caso y se encuentran defendiendo su posición en libertad.
