Mazamorra en Bajo Llojeta: Fiscalía amplia la investigación contra seis funcionarios de las alcaldías de La Paz y Achocalla
La tragedia pasó la noche del 23 de noviembre de 2024. Las familias damnificadas ahora viven hacinadas en un albergue.
Este 23 de enero se cumplirán dos meses de la tragedia en Bajo Llojeta, donde la niña Camila de cinco años perdió la vida y varias familias resultaron damnificadas. Desde la Fiscalía se ha decidido ampliar la investigación contra seis funcionarios de las alcaldías de La Paz y Achocalla, de acuerdo a la información proporcionada por la policía.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Walter Sossa, informó que se han emitido citaciones para que estos funcionarios sean convocados a declarar y se esperan resultados en las próximas horas.
Sossa indicó que los empleados municipales deberán comparecer en calidad de investigados en las oficinas de la Fiscalía. Aclaró que se trata de funcionarios públicos responsables del tema de Gestión de Riesgos, así como técnicos de estas instituciones que deben responder conforme a la ampliación de la investigación.
En el marco de este caso, el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, se encuentra en detención preventiva desde el 5 de diciembre en la cárcel de Patacamaya, en el departamento de La Paz. La acusación que enfrenta incluye incumplimiento de deberes y lesiones graves y gravísimas.
Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, se defiende en libertad tras haber declarado el 9 de diciembre ante la comisión de fiscales que investiga la situación.
Asimismo, Luis Enrique Iturralde, dueño de una inmobiliaria que gestiona un cementerio privado en la zona afectada, ha sido imputado por los delitos de peligro de estrago, otros estragos, lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado. Iturralde se encuentra actualmente en Perú bajo detención domiciliaria desde noviembre del año pasado, a la espera de que se complete el proceso de extradición y sea entregado a las autoridades bolivianas, según informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
