Empresarios urgen al Gobierno “ajustes normativos” para anular la disposición del decomiso que genera “incertidumbre” y “conflictos innecesarios”
El sector privado destacó que “es importante que se fortalezcan las acciones para combatir el contrabando, el agio y la especulación en los espacios donde realmente ocurren”. En es marco, puso en evidencia la necesidad de la coordinación y el diálogo previo.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ha instado al Gobierno a realizar los “ajustes normativos que correspondan para dejar sin efecto” la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que contempla decomisos.
El sector empresarial señala que esta medida provoca “incertidumbre y desconfianza en las empresas y conflictos sociales innecesarios”, según un pronunciamiento emitido en la mañana de este jueves.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
La notable inseguridad y preocupación generada por la Disposición Séptima del PGE 2025 entre los productores nacionales y el sector comercial subraya la necesidad de que se priorice la coordinación y el diálogo para establecer los mecanismos necesarios que se deben aplicar en cualquier decisión que impacte a los sectores productivos. Este pronunciamiento está fechado este jueves 16 de enero.
En este contexto, la CEPB ha instado a la anulación de la disposición, que también ha sido cuestionada por gremiales, transportistas y otros actores involucrados en la cadena de suministro.
“Pedimos al Gobierno nacional que se consideren de manera urgente los ajustes normativos que correspondan para dejar sin efecto esta medida que ocasiona incertidumbre y desconfianza en las empresas y genera conflictos sociales innecesarios”, se añade en el comunicado.
El Gobierno ha convocado a los sectores que se oponen a la medida para que participen en la redacción del reglamento. Sin embargo, ha defendido la vigencia de la disposición, considerando que mediante este tipo de medidas se podrá frenar el contrabando inverso y la acumulación de productos en las zonas fronterizas.
El sector privado destacó, en este contexto, que “es importante que se fortalezcan las acciones para combatir el contrabando, el agio y la especulación en los espacios donde realmente ocurren”.
