Cámara de Comercio pide al Gobierno una modificación consensuada de disposición del PGE sobre decomisos
Desde el sector comercial esperan una respuesta al planteamiento de la institución que aglutina a los actores del sector comercial, en medio del rechazo que hay con esta disposición de la ley financial
En medio del rechazo a la disposición adicional séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo Gamara, pidió al Gobierno nacional una modificación consensuada de este apartado que causa inquietud entre los actores del sector productivo.
Solicitamos que el Gobierno responda al pronunciamiento hecho por el presidente de la CNC la semana pasada con una modificación inmediata en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados, dado que las amenazas recaen sobre las empresas comerciales, las cuales son las más sensibles ante este problema, indica el comunicado institucional.
Desde la CNC también señalaron que esta disposición no fue consensuada previamente con el sector, el cual es el más perjudicado y vulnerable, subrayando que esto infringe los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada y no puede, ni debe, sostenerse en un Estado de Derecho.
La disposición establece que las entidades competentes podrán tomar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos dirigidos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen, retengan y/o busquen aumentar los precios de los mismos.
Por otro lado, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, indicó que será la Asamblea Legislativa la encargada de determinar el futuro de esta disposición o su eliminación de la ley financiera.
Frente a la postura del Gobierno, el diputado opositor Carlos Alarcón, miembro de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), presentó un proyecto de ley para eliminar la disposición contestada.
La CNC se declaró en estado de emergencia y mostró su asombro ante la indiferencia del Gobierno hacia las peticiones y pronunciamientos de los diferentes sectores y gremios que se ven afectados por la aplicación de este artículo de la ley financiera.
Las empresas que operan en el comercio formal no pueden ser consideradas o categorizadas como sospechosas por delitos asociados con el agio y la especulación ilegítima, por funcionarios públicos que, mediante esta disposición, pueden incautar mercancía de manera arbitraria si consideran que el inventario almacenado puede ser vendido a precios superiores a los que ellos consideran justos, concluye el informe de la CNC.
