Empresarios y gremiales cierran filas por la anulación del “decomiso”; el Gobierno pasa la responsabilidad al Legislativo
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha sorprendido al señalar que el asunto no está en manos del Órgano Ejecutivo. Argumentó que la modificación de la ley es tarea de los legisladores.
Las organizaciones empresariales y los grupos gremiales han decidido unirse de manera independiente para expresar su oposición a la medida de decomiso de productos establecida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Estos sectores, junto con los transportistas y otros actores de la cadena de suministro, demandan la anulación de esta medida, ya que consideran que genera confusión y conflictos innecesarios.
Por su parte, el Gobierno defiende la medida señalando que es crucial para combatir el contrabando en las áreas fronterizas, entre otros aspectos.
Durante las conversaciones con los sectores que cuestionan la medida, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, sorprendió al declarar que el tema no corresponde al Órgano Ejecutivo, sino que está dentro de la competencia del Legislativo.
Esto significa que cualquier cambio en la ley debe ser realizado por los legisladores. “No se puede atender el pedido de anular, derogar, eliminar o modificar, porque esa no es una competencia del Ejecutivo, esa es una competencia del Legislativo”, afirmó.
“No es que no queramos atender; el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley, esto es competencia exclusiva del Legislativo”, explicó el viceministro.
Detalles de la Disposición
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Plazo y Reacciones
El Gobierno, a través del Comité de Seguridad Alimentaria, ha convocado a los sectores en conflicto a participar en la elaboración del reglamento de la disposición, propuesta que fue rechazada.
Representando a los empresarios, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, se reunió con esta instancia el jueves y reiteró que la medida provoca “inseguridad, discrecionalidad, arbitrariedad y, en algunos casos, puede ser extorsiva”.
El ejecutivo apuntó que esta postura cuenta con el apoyo de diversas instituciones, entre ellas la Agropecuaria del Oriente (CAO), la de Industrias, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro), entre otras.
El pasado lunes, representantes de los gremios del país, incluidos los del sector agropecuario, empresarial y transportistas, exigieron al Gobierno la derogación de la disposición en un plazo de 14 días; de lo contrario, anunciaron que llevarían a cabo nuevas medidas de protesta.
Los sectores movilizados planean reunirse este lunes 20 en La Paz para discutir las posibles protestas que planean activar desde el 27 de enero.
