Empresarios preguntan a Arce si aceptará la propuesta del TSE de ir a un diálogo para garantizar las elecciones
A principios de enero, el TSE conminó al jefe de Estado a llamar a un gran encuentro nacional “a la brevedad posible” para garantizar la realización de las elecciones generales previstas para agosto
Ante la situación política actual del país, que se encuentra en un periodo prelectoral, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) ha interrogado al presidente Luis Arce Catacora sobre la posibilidad de convocar a un diálogo nacional, como sugirió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para asegurar la realización de las elecciones nacionales.
Jean Pirre Antelo, presidente de Cainco, planteó a Arce la cuestión de cómo se lograrán llevar a cabo las elecciones en 2025 y si está dispuesto a aceptar la propuesta del TSE para establecer una mesa de diálogo nacional con el fin de garantizar el proceso electoral. A principios de enero, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, advirtió que hay varios temas importantes que deben discutirse para asegurar que las elecciones generales de 2025 se realicen de manera efectiva, instando a Arce a organizar un “gran encuentro nacional” para tratar estos asuntos.
Hassenteufel también pidió urgir al presidente a convocar a representantes de diferentes fuerzas políticas, líderes nacionales, así como a los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y a los titulares de las cámaras de Senadores y Diputados para discutir temas vinculados a los comicios próximos.
En sus preguntas, Antelo se cuestionó sobre las garantías existentes para la transparencia y legitimidad del proceso electoral, dado que el Tribunal Constitucional a menudo interviene en la habilitación e inhabilitación de candidaturas y en la regulación de tiempos y espacios electorales.
El presidente de Cainco también inquirió a Arce acerca de la situación irregular del Tribunal Constitucional Plurinacional, que actualmente solo cuenta con cuatro magistrados electos y cinco que se han prorrogado, lo que perpetúa la desconfianza y desinstitucionalización, así como el riesgo de uso indebido del control judicial.
Antelo cuestionó si el legado que Arce dejará al país será la permanencia de los magistrados autoprorrogados, o si esta situación le resulta indiferente en lo personal.
