Decomisos: Gremialistas no confían en llamado al diálogo del Gobierno y alistan movilizaciones
En El Alto y Santa Cruz rechazaron las palabras del presidente, que habló de “buenos empresarios y buenos comerciantes”. Ratifican su exigencia de que se anule la disposición séptima de la ley del PGE 2025
El anuncio de una convocatoria al diálogo por parte del gobierno hacia los sectores que se oponen a la disposición séptima de la ley del Presupuesto General del Estado (PGE), que permite a “entidades competentes” realizar decomisos de productos alimenticios, no ha logrado convencer al sector gremial, que insiste en la derogación de esta normativa.
Edgar Álvarez, principal líder de los gremiales en Santa Cruz, expresó su desconfianza hacia la voluntad del Gobierno, señalando que la postura del presidente Luis Arce quedó clara durante su discurso en el Día del Estado Plurinacional, en relación a las confiscaciones.
Arce comentó previamente: “El gobierno nacional para defender el bolsillo de los bolivianos ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante, no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales, sino por el contrario, utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito del agio y especulación y afecten el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos”.
Álvarez afirmó que “el diálogo se debió haber hecho en su momento, antes de lanzar leyes que son confiscatorias”. Además, criticó que el presidente se refiriera a “buenos gremiales”.
El dirigente agregó que el 30 de enero se llevará a cabo un nuevo ampliado multisectorial y aseguró que esta es la fecha límite que tiene el Gobierno para evitar movilizaciones a nivel nacional el 10 de febrero.
Por su parte, Toño Siñañi, dirigente de los gremiales en El Alto, calificó de “mentiroso” al presidente Luis Arce, afirmando que se había enviado hace semanas una carta solicitando que el Gobierno estableciera una mesa de diálogo sobre el tema de decomisos.
“Quieren robar con el artículo (disposición) séptimo la mercadería como están haciendo con Emapa y no se está solucionando nada”, indicó, además de advertir que su sector no esperará a febrero para comenzar movilizaciones, iniciando de manera escalonada esta semana.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró este martes que la intención del Gobierno es abrir un espacio de consenso con los sectores que se sienten afectados, les pidió calma y afirmó que aún faltan aspectos como la reglamentación para que la norma se implemente.
“Los convocamos para poder explicar cuál es el objetivo, pero tomen en cuenta que se necesita una etapa de reglamentación. Una vez más les decimos que los convocamos al diálogo a escuchar a entender cuál es el objetivo que tiene esta disposición”, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
¿Qué dice la norma?
La disposición séptima de la ley 1363 del Presupuesto General del Estado, que entró en vigencia el 1 de enero de 2025, contiene dos parágrafos, siendo el primero el más cuestionado. Este establece lo siguiente:
“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
La norma también contiene un segundo parágrafo que indica que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales “debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad”.
