Gremiales al Gobierno: “Primero tienen que sacar (derogar) esa disposición de decomisos y luego vamos al diálogo”
Ante la convocatoria del Gobierno para sostener reuniones a partir del lunes, el secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales dijo que se tuvo 60 días para abordar la norma y se la promulgó sin un consenso
El Gobierno nacional ha convocado a diferentes sectores del aparato productivo para participar en una mesa de diálogo, con el fin de discutir la disposición adicional séptima de la ley financiera. César González, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, expresó que antes de asistir a cualquier encuentro se debe eliminar esta disposición.
El dirigente criticó que las autoridades tuvieron un periodo de 60 días, durante noviembre y diciembre, para abordar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, periodo en el que se manifestó el rechazo a esta disposición, que sin embargo entró en vigencia sin haber pasado por la aprobación de la Asamblea Legislativa. González aseveró que “esta ley debían haberla tratado los últimos 60 días del 2024, ¿por qué ahí no invitaron y llamaron al diálogo en su momento? Hoy esta ley ya la promulgaron y ya está en la gaceta, primero tienen que sacar (la disposición) y luego vamos al diálogo”.
Pese a esta situación, el ministro de Justicia, César Siles, al convocar al diálogo a los distintos sectores movilizados, no mencionó la posibilidad de eliminar este apartado de la ley. En cambio, indicó que esta disposición recoge mandatos de otras normativas y que los detalles pueden ser discutidos en la reglamentación correspondiente.
La disposición en cuestión permite a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen, retengan o intenten aumentar injustificadamente los precios de estos productos.
González advirtió que esta norma faculta a instancias del Órgano Ejecutivo para llevar a cabo acciones de confiscación y decomiso, lo cual representa una sanción que afecta al aparato productivo y va en contra del artículo 117 de la Constitución, que establece que “ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”.
El líder gremial confirmó que los trabajadores y otros sectores productivos realizarán un ampliado multisectorial en Sucre el 30 de enero, además de una movilización nacional programada para el 10 de febrero en rechazo a esta controvertida disposición, que también ha causado inquietud entre industriales, productores, cuentapropistas, transportistas y otros grupos.
