Viceministro dice que quienes se oponen a disposición sobre decomiso de alimentos “protegen a delincuentes”
Desde el Ejecutivo convocaron a los sectores sociales y empresariales para dialogar sobre la disposición séptima del PGE 2025 ante la amenaza de movilizaciones de sectores sociales.
La disposición séptima relacionada con el decomiso de alimentos incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 sigue generando controversia. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, expresó que los sectores que se oponen a esta normativa tienen propósitos claramente definidos.
Silva mencionó que no está claro si aquellos empresarios y productores que critican la disposición séptima lo hacen sin dialogar en defensa de los delincuentes, o si simplemente están utilizando este asunto para fines políticos.
Además, destacó que hay sectores que están abiertos al diálogo y desean discutir la regulación de esta norma.
“Hay gremiales, empresarios, industriales, productores que están esperando la convocatoria al diálogo por parte del Gobierno para garantizar la seguridad jurídica y esto tiene que estar en el reglamento”, dijo.
Ante la posibilidad de movilizaciones por parte de sectores sociales que exigen la eliminación de la norma, el ministro de Justicia, César Siles, indicó que se están enviando invitaciones a los grupos movilizados en rechazo a la disposición adicional séptima del PGE para mantener un diálogo sobre este tema; sin embargo, no se mencionó ninguna intención de derogación.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
