El Legislativo aún no inició el análisis del proyecto de ley para derogar disposición confiscatoria del PGE
El diputado Carlos Alarcón (Comunidad Ciudadana) presentó el proyecto de ley hace dos semanas y, si bien fue derivado a la Comisión de Planificación de Diputados, aún no fue tratado
En medio del rechazo y amenazas de movilización multisectorial contra la disposición adicional séptima de la Ley Financial, en la Cámara de Diputados aún no se ha iniciado el análisis y debate del proyecto de ley que busca derogar esta norma que habilita el Presupuesto General del Estado (PGE).
El autor del proyecto, el diputado Carlos Alarcón (Comunidad Ciudadana), recordó que la iniciativa legislativa fue presentada en la Cámara de Diputados el 16 de enero (hace dos semanas) y fue mencionada durante la lectura de correspondencia de esta instancia, siendo luego enviada a la Comisión de Planificación.
No obstante, el diputado Gustavo Aliaga, desde la Comisión de Planificación, indicó que hasta las 19:00 del miércoles no se realizó una convocatoria para discutir este asunto y que aún no se había recibido la documentación necesaria para su análisis.
Mientras tanto, los sectores de la cadena productiva que se oponen a esta disposición se han unido y han decidido no reunirse con el Gobierno para discutir una posible reglamentación, dejando claro que su exigencia es la eliminación de este apartado de la Ley Financial.
La disposición en cuestión permite a las autoridades competentes confiscar o decomisar productos a los comerciantes de alimentos si se considera que el precio de un producto es excesivo, lo cual es percibido como un abuso por parte de los sectores movilizados.
El diputado Alarcón comentó que, dependiendo de la rapidez y la urgencia que le exija el Gobierno a sus propios diputados, el proyecto de ley podría ser tratado esta semana o a más tardar la próxima, tanto en la comisión como en el pleno de la Cámara de Diputados, y en la sesión siguiente, abordarse en la Cámara de Senadores.
El legislador opositor enfatizó que el proyecto de ley es sencillo y consiste en un solo artículo que elimina la disposición adicional séptima, por lo que no debería haber obstáculos para un tratamiento ágil.
Desde el Gobierno, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, declaró en días anteriores que la cuestión de la derogación de la disposición no depende del Ejecutivo, sino del Legislativo.
