Sectores analizan en Sucre medidas de presión ante el rechazo del Gobierno de anular la disposición de confiscación
El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, consideró que ya no hay nada más que dialogar con las autoridades del Órgano Ejecutivo y anunció una movilización para el 10 de febrero
Con el rechazo del Gobierno a la solicitud de anulación de la disposición sobre el decomiso en mesa, los representantes de la cadena productiva y de suministro de Bolivia han establecido una reunión en Sucre, la capital del país, para tomar decisiones al respecto.
Este tercer encuentro multisectorial se lleva a cabo en el auditorio de la Cámara de Industrias, tras las declaraciones del viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, quien afirmó que “no es posible la abrogación” de la mencionada disposición “porque no es una competencia del presidente” Luis Arce.
Los representantes de los sectores agropecuario, exportadores, gremiales, transportistas y otros grupos afectados por esta medida han reafirmado su postura de que no habrá diálogo con el Gobierno hasta que se anule la disposición cuestionada.
Incluso, ya se han emitido advertencias sobre movilizaciones con fechas fijadas en el caso de los gremiales.
El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, expresó que “ya no hay nada más que dialogar con las autoridades del Órgano Ejecutivo”.
“El gobierno tuvo 60 días para dialogar, para poner en conocimiento de la población de todos los sectores. Estuvieron todo noviembre, todo diciembre. No lo hicieron. Lo hicieron aprobar de manera amañada”, afirmó.
Gonzales añadió que “en ese sentido, aquí no hay nada que discutir con el Gobierno, sea el Ejecutivo, sea el Legislativo, ellos son el Gobierno, ellos tienen la obligación de retirar esta disposición adicional séptima”.
En este contexto, indicó que “si el Gobierno no resuelve este tema”, tomarán las calles el lunes 10 de febrero.
“El 10 de febrero estaremos saliendo a las calles todos los sectores de la cadena productiva, productores, transportistas, comerciantes medianos y grandes, todos saldremos a las calles”, anticipó.
En la reunión, los sectores planean abordar temas relacionados con créditos, impuestos, facturación electrónica, la escasez de dólares y las dificultades en el abastecimiento de combustibles.
A pesar de que el Gobierno ha anunciado que volverán a convocar a los sectores que se oponen a la medida, el viceministro Silva ha descartado su anulación y, por el contrario, ha revelado que el Gobierno ya tiene un anteproyecto de reglamentación y está preparando un decreto.
“No es posible la abrogación porque esta no es una competencia del presidente, no se puede derogar, no se puede abrogar, no puede modificar el presidente una ley. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente cumplir con el mandato de la ley”, sostuvo.
El viceministro también afirmó que “la ley se ha hecho no para interpretar ni para considerarlo, sino la ley se ha hecho para cumplir”.
“En ese sentido, tenemos que cumplir el mandato de la disposición séptima que nos habla de una reglamentación que debe ser aprobada por una resolución biministerial y también estamos trabajando esta propuesta a través de un decreto supremo que aclare, que clarifique el alcance y el objeto de la disposición séptima; va a excluir al sector gremial del comercio minorista, así como al sector productivo legalmente establecido”, argumentó.
El Gobierno reiteró su llamado al diálogo con el sector productivo empresarial, luego de que sus representantes no asistieran a la mesa de negociación convocada para esa jornada con el fin de discutir la aplicación y posible reglamentación de la Disposición Séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
