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Gremiales presentan recurso al TCP para la derogación de la disposición de decomiso, dice abogado

Gremiales presentan recurso al TCP para la derogación de la disposición de decomiso, dice abogado

Los sector de los gremiales señala que levantarán sus medidas de presión hasta tener un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

La Confederación de Gremiales de Bolivia ha presentado una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), exigiendo la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que está relacionada con el decomiso de productos.

Gualberto Cusi, abogado del sector gremial, expresó que se ha formalizado la acción y confía en que el tribunal actúe de manera responsable, admitiendo el caso dentro de los plazos establecidos y emitiendo un fallo que declare la inconstitucionalidad de las disposiciones en cuestión.

En este contexto, la Confederación decidió suspender sus medidas de presión hasta que se emita un pronunciamiento por parte del TCP. Jesús Cahuana, dirigente nacional, mencionó que se levantan todas las movilizaciones programadas hasta que se conozca el resultado del fallo del tribunal. El bloqueo nacional previsto para el 11 de marzo se ha suspendido, aunque los gremiales continúan en estado de emergencia.

A pesar de esta suspensión, el Comité Multisectorial, que agrupa a diversas organizaciones, anunció que decidirá, en una reunión prevista para el viernes en Beni, la fecha en la que marcharán hacia la ciudad de La Paz, exigiendo al Gobierno de Luis Arce la derogación de la norma cuestionada.

La disposición séptima establece que, con el propósito de asegurar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes para activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores que comercializan alimentos y que almacenen, retengan o intenten encarecer los precios de los mismos.

Además, esta norma incluye un segundo parágrafo en el que se indica que todos los actores de la cadena productiva de alimentos esenciales deben declarar información sobre producción, transformación y comercialización, la cual deberá tener la calidad de declaración jurada y se manejará bajo el principio de confidencialidad.

La disposición séptima sobre el decomiso de alimentos ha provocado movilizaciones en diversos sectores del aparato productivo nacional.

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