TCP declara inconstitucional la ley que autoriza al alcalde cruceño firmar contratos hasta por Bs 30 millones sin pasar por el Concejo
El Concejo de Santa Cruz de la Sierra trabaja en una nueva norma para que se puedan fiscalizar los contratos a partir de Bs 7 millones, informó la concejal Lola Terrazas
A través de una resolución, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha declarado inconstitucional la Ley Municipal 1503, que modificaba la Ley de Contratos de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Esta ley permitía al Ejecutivo firmar contratos de hasta 30 millones de bolivianos sin necesidad de contar con la aprobación del Concejo.
La Ley 1503, que fue aprobada en febrero de 2022, establece en una parte de su artículo II que el Concejo tiene derecho a aprobar y fiscalizar contratos y convenios cuyo monto sea igual o superior a 30 millones de bolivianos, mientras que los montos menores podrían ser firmados por el Ejecutivo Municipal.
La ley fue enviada al TCP para su revisión, que emitió la sentencia 0174/2023 declarando la Ley 1503 como inconstitucional «por la forma» y por la «improcedencia en el fondo».
La concejal Lola Terrazas indicó que las observaciones del TCP se relacionan con el proceso de aprobación de la ley municipal. Recordó que durante la discusión de los cambios en la ley de contratos se había acordado que el Concejo fiscalizara aquellos contratos que superaran el millón de bolivianos; sin embargo, en el tratamiento detallado, el monto de fiscalización fue elevado a 30 millones.
Terrazas añadió que otro aspecto señalado por el TCP es que la ley 1503 fue aprobada con cuatro votos, mientras que tres concejales se abstuvieron de votar. «El reglamento del Concejo Municipal dice que debe de aprobarse con seis votos de los once concejales del total del Pleno», explicó Terrazas.
Con base en la sentencia constitucional, este jueves se discutió una nueva ley municipal que corrige las observaciones del TCP, modificando el monto para la fiscalización del Concejo.
Terrazas mencionó que se ha presentado un proyecto de ley para que la fiscalización del Concejo se lleve a cabo a partir de los 7 millones de bolivianos.
La concejal subrayó la importancia de realizar una evaluación a fondo sobre la cuantía para que el Concejo pueda fiscalizar sin convertirse en «un cuello de botella». «El Concejo Municipal no tiene las condiciones ni los recursos para revisar aproximadamente 300 o 350 contratos por mes», concluyó Terrazas.
