Gobierno confirma que acatará la “suspensión provisional” de la disposición séptima como ordenó el TCP
Tal disposición fue incluida en la Ley del PGE 2025, tema que es rechazo por diferentes sectores de la cadena productiva. Desde el Ejecutivo ya anunciaron que se congela la aplicación
El ministro de Justicia, César Siles, anunció este martes la decisión de suspender la aplicación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) evalúa su constitucionalidad.
La autoridad precisó que el Ejecutivo recibió una notificación formal en calidad de Gobierno respecto al auto constitucional 060/2025, tras la decisión del TCP de suspender la aplicación de dicha disposición ante una acción de inconstitucionalidad abstracta.
Siles declaró que no existen razones suficientes para seguir con protestas o reclamos específicos en relación a esta disposición; sin embargo, el Comité multisectorial que integra la cadena productiva está exigiendo la derogación de esta normativa, considerándola perjudicial para la seguridad jurídica y la iniciativa privada.
Desde hace varias semanas, sectores como agropecuarios, transportistas, gremiales, industriales, exportadores y cuentapropistas se han unido en torno a esta normativa, que establece el “control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
El ministro recalcó que no se establecerán reglamentaciones al respecto, pero se convocará de forma bilateral a cada una de las organizaciones interesadas para mantener un diálogo que atienda otras demandas de los sectores movilizados.
Además, solicitó al TCP actuar con prontitud en el tratamiento de este tema y emitir un fallo pertinente. Según los plazos establecidos, el Gobierno tiene 15 días para responder a los puntos del recurso presentado, y en un lapso de 45 días se podría conocer la sentencia.
El Gobierno boliviano cumplirá con lo dictado en este auto, que tiene carácter vinculante, lo que significa que no se podrá adoptar ninguna medida administrativa o legal para implementar una disposición que, por orden de la justicia boliviana, queda en suspenso.
