Gobierno “no reconoce ni admite” informe de Grupo de Trabajo de la ONU que señala que la detención de Camacho fue arbitraria
Un informe del Grupo de Trabajo de la ONU califica de arbitraria la detención de Luis Fernando Camacho y recomienda su liberación
El Gobierno ha minimizado la relevancia del informe que considera la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho como arbitraria, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según las autoridades, el Estado boliviano no está obligado a seguir las recomendaciones contenidas en dicho documento.
En un comunicado difundido a través de las redes sociales por el Ministerio de Justicia, se señala que “Bolivia no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo por considerarlo sesgado, con información parcial y desactualizada.”
El Gobierno argumenta que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria actúa como una instancia de asesoramiento consultivo y sus recomendaciones no tienen carácter vinculante ni deben reemplazar los procedimientos judiciales internos de los Estados.
Las autoridades afirman que respetan la independencia de los poderes y, en consecuencia, están a la espera de las decisiones del Órgano Judicial en el caso que involucra a Luis Fernando Camacho, relacionado con la crisis política en Bolivia del 2019.
Asimismo, el Gobierno menciona que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluó una solicitud formal de medidas cautelares por supuestas violaciones de los derechos de Camacho, pero decidió no otorgarlas y cerró el expediente debido a la falta de evidencia suficiente.
Contenido del Informe del Grupo de Trabajo de la ONU
El Grupo de Trabajo indica que analizó el expediente del caso, considerando las presentaciones de la fuente y del Gobierno, y concluyó que la detención de Camacho “es arbitraria puesto que se violó el principio de igualdad de los seres humanos, al haber estado motivada por su opinión política de dirigente.”
El informe expone que se considera “arbitraria la privación de libertad cuando esta es destinada a reprimir a miembros de grupos políticos para silenciar sus reivindicaciones.” Según el documento, la detención de Camacho vulnera ocho artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cinco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, el Grupo de Trabajo sostiene que “el remedio adecuado sería poner a Camacho inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.”
También insta al Gobierno de Bolivia a “adoptar las medidas necesarias para remediar la situación” y a alinearlas con las normas internacionales relevantes, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto.
Entre las medidas sugeridas no solo se incluye la libertad de Camacho, sino también una indemnización y la realización de una “investigación independiente” sobre las circunstancias en las que la autoridad cruceña fue detenida.
