Allanan Derechos Reales y una dirección de la Magistratura en Sucre por caso de presunta corrupción en Santa Cruz
El presidente del TSJ señaló que la investigación es “a raíz de hechos suscitados en oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz, donde habrían alterado algunos gravámenes, donde habría suprimido inclusive”
El Ministerio Público llevó a cabo una intervención este miércoles en la oficina nacional de Derechos Reales y en la Dirección Administrativa Financiera (DAF), que forma parte del Consejo de la Magistratura, situada en Sucre. Esta acción se realiza en el contexto de una investigación relacionada con un caso de presunta corrupción en Derechos Reales de Santa Cruz.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, indicó que se recibió una orden de allanamiento emitida por una autoridad competente. Además, comentó que el fiscal encargado de la investigación estuvo presente en las oficinas de Derechos Reales en Sucre, así como en las de Informática de la Dirección Administrativa y Financiera.
Esta acción fue originada por situaciones que ocurrieron en las oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz, donde se habría llevado a cabo la alteración de algunos gravámenes y la supresión de documentos. Saucedo subrayó que se otorgará el debido respeto al trabajo del Ministerio Público, aunque evitó ofrecer detalles sobre el avance de la investigación.
Además, el Ministerio Público extendió su intervención a las Unidades de Sistemas e Informática de la Dirección Administrativa y Financiera y del Consejo de la Magistratura. En enero, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura había conformado una comisión para llevar a cabo una supervisión en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz, en respuesta a denuncias sobre un desfalco económico millonario.
La entidad encargada también instruyó a los responsables distritales a elaborar informes que ayuden a determinar la situación de la entidad a nivel nacional.
El caso
La Fiscalía informó en enero que al menos cinco funcionarios de Derechos Reales y un civil están bajo investigación en relación con el caso de Santa Cruz. Se investiga un presunto desvío de dinero por trámites, una suma que alcanza los Bs 2 millones, que supuestamente fue depositada en cuentas de terceros.
“Se han emitido citaciones en total de cinco o seis aproximadamente. Estamos hablando de juez, registradores de derechos reales, de supervisor, asesor, registradora, como sí también dos funcionarias de la DAC y personas particulares”, señaló en ese entonces, fiscal departamental Alberto Zeballos.
